miércoles, 1 de junio de 2016

El Síndic de Greuges recrimina a la conselleria de Oltra su actitud ante la dependencia y el copago

El Síndic de Greuges registró el año pasado más de 13.500 quejas presentadas por ciudadanos y el epicentro de las protestas estuvo en la indignación por una presunta vulneración de derechos en tres asuntos sociales: la protección de las personas en situación de dependencia, los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, y las demoras y la falta de reconocimiento de efectos retroactivos en las prestaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía, destinada a las capas más débiles de la sociedad que por falta de empleo carecen de recursos para mantener su adecuado bienestar personal y familiar.
El informe anual de 2015 que ayer entregó el Síndic de Greuges, José Cholbi, al presidente de las Corts, Enric Morera, señala explícitamente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, como una de las cuatro administraciones valencianas que no han aceptado las recomendaciones del Síndic. Los focos de la polémica arrancan de la legislatura anterior: los retrasos en la ley de dependencia y las controversias en torno al copago de servicios sociales para mayores y discapacitados que introdujo el último Consell del PP y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano en octubre de 2014.
El Síndic critica en su informe que la conselleria haya optado por relegar en el orden de prioridad en materia de dependencia los derechos de los herederos de aquellas personas fallecidas sin haberse resuelto el Programa Individual de Atención (PIA), que establece los servicios y prestaciones que correspondan a un usuario en función del grado y nivel de dependencia reconocido.
La postura de la conselleria pasa por atender primero las necesidades de los usuarios vivos que siguen esperando respuesta y, asimismo, no iniciar de oficio expedientes de responsabilidad patrimonial para indemnizar a los familiares de los fallecidos sin cobrar. «Desde el Síndic de Greuges „establece el informe presentado ayer„ no puede aceptarse esta priorización en el reconocimiento de derechos. Las personas fallecidas sin tener resuelto su PIA han visto vulnerado su derecho a recibir en vida las prestaciones que le correspondían conforme a su grado de dependencia. En muchos casos, han sido los herederos quienes han cubierto los gastos derivados de la atención a sus familiares con la merma económica que ello supone y que, en muchas ocasiones, ha provocado un endeudamiento que precariza su situación económica durante varios años».