sábado, 27 de abril de 2013

APPEII presenta una iniciativa ante el Ministerio de Sanidad pidiendo la gratuidad de los medicamentos a nivel nacional para menores con discapacidad



Mª Carmen González, presidente de APPEII, ha informado de la presentación de una propuesta ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad donde solicitan la introducción, en la futura Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la gratuidad de los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo orto-protésico y ayudas técnicas a los pacientes menores de 18 años con discapacidad.

http://staticsdcritico.elmon.netdna-cdn.com/fotos/noticias/e5/31/28/18/210642.th_max.jpgLa Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social supondrá un avance cualitativo en la legislación nacional, por cuanto se refundirán tres de las normas básicas del Estado, conformándose en referente del derecho para la discapacidad.

Con la iniciativa de APPEII, presentada formalmente ante el Ministerio en la fase de admisión de propuestas por las organizaciones y asociaciones de la discapacidad, lo que se busca es el reconocimiento a nivel nacional del derecho que hasta este momento existía en la Comunidad Valenciana a través del artículo 16.2 del Estatuto de las Personas con Discapacidad, que como recordaremos, fue suprimido por el Gobierno valenciano en la norma de desarrollo de los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana para 2013.

Desde APPEII entienden que estamos ante una necesidad de primer orden, en un momento de crisis como el actual y donde se ha producido una fuerte desinversión en el ámbito social, asistencial y sanitario de la discapacidad. Por esa razón, exigen al Gobierno central una actuación más concreta para salvaguardad principios básicos constitucionales como la igualdad o la gratuidad de la sanidad.

Junto con esta propuesta, desde APPEII también han querido proponer al Ministerio la incorporación de otras medidas que defiende la asociación, como sería:
-  Establecimiento de una definición más amplia respecto del reconocimiento de la condición de discapacitado para los menores, que conforme a la más actualizada regulación a nivel europeo, podría incluir a enfermos crónicos que no alcanzan el grado suficiente de minusvalía, y hasta la mayoría de edad.
-   Incorporación de apoyo psicológico a los menores y sus familias, una vez diagnosticada la enfermedad o minusvalía.
-   Ampliación de la edad pediátrica hasta los 18 años, criterio de edad que ya está implantado en la medicina moderna de los países más avanzados.
-   Lograr la optimización de los recursos médicos de los que se dispone, cuyo excelente nivel médico-asistencial debemos destacar, mediante la creación de Unidades de Referencia Hospitalaria.
-  Fijar criterios uniformes respecto de la valoración del grado de minusvalía de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, tanto pediátricos como adultos.

 

«Gasto al mes 2.000 euros en medicinas»

«Gasto al mes 2.000 euros en medicinas»Susana Díaz pone rostro al denominado 'medicamentazo', término con el que se conoce la decisión del Gobierno de excluir 417 fármacos de la financiación pública. La salida de algunas medicinas de la cobertura de la Seguridad Social ha provocado que esta valenciana de 40 años esté invirtiendo todo su patrimonio en pagar sus tratamientos. «Me gasto 2.000 euros al mes en medicinas», asegura la paciente, a quien le extirparon el estómago en 2007 tras sufrir una gastroparesia idiopática muy severa, enfermedad que le paralizó el órgano digestivo. «He estado a punto de morir dos veces», cuenta.

Como les sucede a muchos otros pacientes de enfermedades raras, Susana ha tenido que compaginar la lucha contra su dolencia con tareas como infinidad de visitas a especialistas o la búsqueda de medicamentos en diferentes lugares del mundo. «He comprado fármacos en Colombia, Pakistán, Francia, Bélgica, Estados Unidos y Andorra», enumera, aunque subraya que lo que más le preocupa ahora es «la incertidumbre» tras el Real Decreto con el que el Gobierno procedió a «la desfinanciación pública de 417 medicamentos para síntomas menores».

lunes, 15 de abril de 2013

La Generalitat Valenciana pretende suprimir la práctica totalidad de las ayudas a Centros Especiales de Empleo de discapacitados




LA GENERALITAT VALENCIANA PRETENDE SUPRIMIR LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LAS AYUDAS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE DISCAPACITADOS

CC.OO., UGT, Cermi y Agevalcee confirman una negociación que pondría en grave riesgo la pervivencia del sector del empleo social de personas con discapacidad
 


La Federación Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Fevalcee) ha denunciado que el Servef y la Generalitat Valenciana están pendientes de la aprobación de la Orden de subvenciones a centros especiales de empleo para el ejercicio 2013, donde entre otras cosas, pretenden reducir más las ayudas a este sector.

Desde Fevalcee se ha recordado que la Generalitat Valenciana redujo el pasado 2012 la partida destinada al empleo social en más de un 40%, tal y como denunció en su momento esta entidad, pero si la situación de desamparo económico de los centros era preocupante, en la actualidad se ha acordado la supresión de la ayuda de creación de empleo, que suponía unos ingresos de 12.000 euros por cada trabajador con discapacidad con contrato indefinido.

Fevalcee ya ha advertido que esta medida tendrá un difícil encaje constitucional y legal, ya que la ayuda de creación de empleo viene avalada por el artículo 49 CE, la Ley de Integración Social del Discapacitado de 1982 (Lismi), el Real Decreto de Creación de Centros Especiales de Empleo de 1985 y toda la normativa en materia laboral de personas con discapacidad.

La Federación ha indicado que desde hace dos años, en que fuera excluido de esas negociaciones el presidente de Fevalcee, Juan García Sentandreu, ha irrumpido una nueva patronal nacida de la órbita UGT-Cermi, cuya gestión resulta absolutamente desastrosa y ha permitido unos recortes desproporcionados, que sólo favorecerán la destrucción de cientos de puestos de trabajo, tanto de discapacitados como de sus cuidadores, por lo que algo tendrán que decir Carlos Laguna (Cermi) y Juan José Serrano (Agevalcee) del resultado de sus negociaciones con la Administración.

Es evidente que la próxima aprobación de esa Orden para las subvenciones de 2013, que ya está confirmada por la Administración valenciana y los supuestos interlocutores de la discapacidad, pendiente de su publicación en el DOCV, sólo nos puede conducir a que nos preguntemos qué se llevan sindicatos y patronales para permanecer en silencio ante este atropello.

jueves, 4 de abril de 2013

La inmensa mayoría de los españoles defiende el actual modelo de Estado del Bienestar

Un gran estudio de la Fundación BBVA muestra cómo perciben la crisis los ciudadanos. Médicos, científicos y maestros son los grupos profesionales mejor valorados por los españoles. El 81% de los españoles aboga por mantener un Estado de Bienestar con un amplio sistema de Seguridad Social, aunque suponga pagar impuestos más altos y siete de cada diez reconocen que se siente "muy afectado o bastante afectado" por la crisis económica. 
Según el estudio "Values and Wordlviews" realizado por la Fundación BBVA, el 70% de los españoles encuestados percibe la crisis como "muy grave" y prácticamente el 95 % considera que la responsabilidad la tienen los bancos y los políticos, y el 75 % trasladan la responsabilidad a las empresas constructoras. El estudio que recoge las percepciones de 15.000 ciudadanos de 10 países europeos y que no incluye a Portugal, Grecia e Irlanda, destaca la valoración negativa sobre el euro que tienen los europeos, aunque en España la mayoría está en desacuerdo en volver a la peseta. 
Además, los españoles son los encuestados que menos se decantan por la opción de hacer recortes frente a la crisis y casi ocho de cada diez piden que crezca el gasto público en sanidad, mientras que el 69 % aboga por incrementar las partidas destinada al desempleo. 
En defnitiva, España sigue siendo un país solidario, donde sus ciudadanos son conscientes de la necesidad de mantener unos estándares en la calidad de los servicios públicos, resaltando la importancia de la inversión en sanidad, educación o bienestar social, pilares básicos de nuestro actual Estado de Derecho.