jueves, 26 de julio de 2012

Plataforma 'Respeto y Dignidad' para la Discapacidad acusa al Consell de recortar en más de un 40% las ayudas a centros

Desde la Plataforma “Respeto y Dignidad” para la Discapacidad se ha acusado a la Generalitat Valenciana de dilapidar el sector de la integración laboral de las personas con discapacidad, reduciendo para el 2012 las ayudas a los centros en más de un 40% y acabando con todas las medidas sociales a favor de las discapacidades más severas, como son los intelectuales, enfermos mentales o físicos de más del 65% de minusvalía.

La orden de ayudas publicada en el DOCV en el día de hoy, es un ataque a las bases constitucionales sobre las que se asienta la integración social y laboral del discapacitado, acabando con todas las ayudas que la Generalitat Valenciana destinaba de fondos propios a este sector. La reducción de la ayuda salarial, supresión de la ayuda complementaria tanto nacional como autonómica y la supresión de la ayuda de asistencia técnica son algunas de las distintas acciones que suponen en su conjunto una rebaja del 43% de las ayudas públicas.

En ese sentido, desde esta organización se ha acusado al Cermi, presidido por Carlos Laguna, a los dos sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT) y a las patronales I-avant, presidida por Juan Antonio Casanova, y Agevalcee, presidida por Juan José Serrano, de ser coautores de este despropósito y de la desinversión total que supone. Tanto unos como otros, le han servido de coartada a la Administración valenciana para que pueda ejecutar esta medida, la cual sitúa al discapacitado y sus familias en la absoluta indigencia, retrocediendo más de 40 años de conquistas sociales y dejando al sector en la pura mendicidad institucional.

Desde la Plataforma se afirma que la Generalitat Valenciana está decidida a trasladar a los colectivos más desfavorecidos sus años de derroche y mala gestión, y con estos desproporcionados recortes lo que conseguirá es el cierre definitivo del sector y el despido de más de 7.500 trabajadores con discapacidad y personal asistencial en la Comunidad Valenciana.

miércoles, 18 de julio de 2012

Dependientes y familiares tendrán que asumir 5.000 millones de euros por el parón de las ayudas sociales

La reforma de la Ley de Dependencia aprobada este viernes permite que las comunidades se tomen dos años para conceder una ayuda a los dependientes sin que eso genere deuda alguna con ellos porque no tendrán que pagarles atrasos en ese tiempo. Además, las comunidades y el Gobierno podrían ahorrar alrededor de 5.000 millones de euros por dejar de atender a los ancianos en ese periodo. Hay 270.000 personas esperando por una ayuda a la que tienen derecho. Si a ellas se suman las 30.000 que normalmente entraban en el sistema cada año y se tiene en cuenta que atender a un dependiente costaba de media 8.155 euros anuales, el cálculo es sencillo: 2.446 millones de euros. En dos años, cerca de 5.000 millones.

lunes, 16 de julio de 2012

Texto de la reforma sobre Dependencia publicado el sábado 14 de julio en el BOE


Os dejamos los principales apartados del tijeretazo realizado por el Gobierno sobre la Dependencia, que aparecen publicados en el BOE del pasado 14 de julio, quedando pendiente la realización de un exhaustivo informe sobre la incidencia práctica que tendrán las mismas, el cual colgaremos en esta web en breves días.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf

 

 

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

·  Publicado en: Boletín Oficial del Estado, núm. 168 de 14 de julio de 2012, páginas 50428 a 50518 (91 págs.)
·  Sección: I. Disposiciones generales
·  Departamento: Jefatura del Estado
·  Referencia: BOE-A-2012-9364

IV
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, aprobada con un amplio consenso entre las fuerzas políticas, supuso un avance en el bienestar de las personas y ha contado con la colaboración de todas las administraciones públicas en su desarrollo.
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2012, aprobó el avance de la evaluación de la ley transcurridos los cinco primeros años de aplicación de la misma, adoptando el acuerdo de acometer las mejoras en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que fueran necesarias para asegurar su sostenibilidad. Asimismo, en la reunión mantenida el 10 de julio de 2012 aprobó la evaluación de resultados prevista en la Disposición final primera de la ley y las propuestas de mejora necesarias para asegurar la sostenibilidad presente y futura del Sistema, adoptando unos criterios comunes mínimos para todo el ámbito nacional en el desarrollo de dicha ley.
Los datos estructurales y las cifras más significativas del gasto en materia de dependencia, analizadas en la evaluación de resultados, muestran que debe corregirse una situación que pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema que, además, ha supuesto consecuencias perjudiciales para el empleo y la viabilidad de los sectores productivos de servicios relacionados con la dependencia.
El Gobierno y las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, han expresado la necesidad de acometer mejoras para asegurar la sosteniblidad del Sistema, no solo a través de los correspondientes instrumentos normativos, sino también impulsando buenas prácticas y poniendo en común experiencias, siempre con base en el diálogo y contando con todas las administraciones públicas, los grupos políticos y cuantas asociaciones y entidades actúan en el ámbito de la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia.
En efecto, la intensidad de los problemas detectados y el alcance estructural que precisan la medidas correctoras exigen su inmediata aplicación para una correcta evolución del Sistema. La demora en su aprobación, dada la propia evolución inercial del Sistema, agudizaría sus problemas de cohesión, equidad y financiación, tornándose las medidas propuestas más difíciles de aplicar.
Resulta determinante, además, dar un nuevo tratamiento al sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia. Asimismo, en cuanto al servicio de ayuda a domicilio es necesario determinar que los servicios relacionados con las necesidades domésticas solo puedan ser reconocidos conjuntamente con los de atención personal.
La actual clasificación en grados y niveles de la situación de dependencia no ha significado una diferenciación en las prestaciones y servicios que se reconocen a las personas beneficiarias dentro de un mismo grado e, incluso, entre niveles próximos de distintos grados. Ello ha producido continuos procesos de revisión de la valoración, que ha hecho destinar recursos y tiempo que podrían haberse dedicado a la valoración de las personas con mayor grado de dependencia. Para solventarlo, se establece una nueva estructura manteniendo los tres grados en los que se clasifica la situación de dependencia, pero sin niveles, lo que simplificará la gestión, permitirá atender de forma prioritaria a las personas con un mayor grado de dependencia que están pendientes de recibir atención y mejorará el proceso de valoración de la dependencia y el procedimiento para el acceso a las prestaciones.
Dado el distinto nivel de desarrollo y contenido dentro de las comunidades autónomas de las prestaciones a las personas en situación de dependencia, que ha potenciado la desigualdad en la aplicación de la ley, se hace necesario regular un contenido común mínimo de intensidad y compatibilidad de las prestaciones para todas las administraciones actuantes.
La sostenibilidad económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la situación económica por la que atraviesa la economía española y la exigencia de cumplimiento de los objetivos de déficit público, requieren la adopción por el Gobierno de medidas urgentes de naturaleza económica que se traduzcan en ahorros inmediatos en el gasto de las administraciones públicas. En este sentido, el presente real decreto-ley incorpora distintas medidas que generan un ahorro, por una parte, en el gasto de las comunidades autónomas, a través de la reducción de las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, y, por otra, en el gasto de la Administración General del Estado, por la vía de la reducción de las cuantías del nivel mínimo de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estas medidas de carácter económico persiguen un reequilibrio sostenible del Sistema, garantizando el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.
Finalmente, y con el objeto de simplificar las relaciones de coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas se refunden los anteriores Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en un solo órgano que pasará a denominarse Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
TÍTULO III
Medidas de racionalización del sistema de dependencia

Artículo 22. Modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. Las personas en situación de dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les representen, así como los centros de asistencia, estarán obligados a suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las administraciones competentes para la valoración de su grado de dependencia, a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, a aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas y a cualquier otra obligación prevista en la legislación vigente».
Dos. Se modifican la rúbrica y el apartado 1, se suprime el último inciso del apartado 2 y se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 8, con la siguiente redacción:
«Artículo 8. Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
1. Se crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como instrumento de cooperación para la articulación de los servicios sociales y la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia.
Este Consejo estará adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y estará constituido por la persona titular de dicho Ministerio, que ostentará su presidencia, y por los Consejeros competentes en materia de servicios sociales y de dependencia de cada una de las comunidades autónomas, recayendo la Vicepresidencia en uno de ellos. Adicionalmente, cuando la materia de los asuntos a tratar así lo requiera, podrán incorporarse al Consejo otros representantes de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, como asesores especialistas, con voz pero sin voto. En la composición del Consejo Territorial tendrán mayoría los representantes de la comunidades autónomas.
3. Asimismo, corresponde al Consejo Territorial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos.»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. El Gobierno, oído el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. La asignación del nivel mínimo entre las comunidades autónomas se realizará considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida.»
Cuatro. Se modifica el apartado 6 del artículo 14, que tendrá la siguiente redacción:
«6. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad económica del solicitante. Hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicación del régimen de prioridad señalado, tendrán derecho a la prestación económica vinculada al servicio prevista en el artículo 17 de esta ley.»
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 17, que tendrá la siguiente redacción:
«1. La prestación económica, que tendrá carácter periódico, se reconocerá, en los términos que se establezca, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el convenio celebrado entre la Administración General del Estado y la correspondiente comunidad autónoma.»
Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones de acceso a esta prestación, en función del grado reconocido a la persona en situación de dependencia y de su capacidad económica.»
Siete. Se modifica el artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 19. Prestación económica de asistencia personal.
La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones específicas de acceso a esta prestación.»
Ocho. Se modifica el artículo 23 que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 23. Servicio de Ayuda a Domicilio.
El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función, y podrán ser los siguientes:
a) Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria.
b) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.»
Nueve. Se introduce una Sección 4ª en el Capítulo II del Título I con el siguiente contenido:
«SECCIÓN 4.ª Incompatibilidad de las prestaciones
Artículo 25 bis. Régimen de incompatibilidad de las prestaciones.
1. Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los servicios del catálogo establecidos en el artículo 15, salvo con los servicios de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal y de teleasistencia.
2. Los servicios serán incompatibles entre sí, a excepción del servicio de teleasistencia que será compatible con el servicio de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal, de ayuda a domicilio y de centro de día y de noche.
No obstante lo anterior, las administraciones públicas competentes podrán establecer la compatibilidad entre prestaciones para apoyo, cuidados y atención que faciliten la permanencia en el domicilio a la persona en situación de dependencia, de tal forma que la suma de estas prestaciones no sea superior, en su conjunto, a las intensidades máximas reconocidas a su grado de dependencia. A los efectos de la asignación del nivel mínimo establecido en el artículo 9, estas prestaciones tendrán la consideración de una única prestación.»
Diez. Se suprime el apartado 2 del artículo 26 y, en consecuencia, el apartado 3 se renumera como apartado 2, que tendrá la siguiente redacción:
«2. Los intervalos para la determinación de los grados se establecerán en el baremo al que se refiere el artículo siguiente».
Once. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 27, que tendrán la siguiente redacción:
«1. Las comunidades autónomas determinarán los órganos de valoración de la situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado de dependencia con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia deberá acordar unos criterios comunes de composición y actuación de los órganos de valoración de las comunidades autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público.
2. Los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto. Dicho baremo tendrá entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) adoptada por la Organización Mundial de la Salud. No será posible determinar el grado de dependencia mediante otros procedimientos distintos a los establecidos por este baremo.
3. El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados de dependencia y el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso.»
Doce. Se modifica el apartado 3 del artículo 28, que tendrá la siguiente redacción:
«3. La resolución a la que se refiere el apartado anterior determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según el grado de dependencia.»
Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 29, que tendrá la siguiente redacción:
«1. En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un programa individual de atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado, con la participación, previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas por parte del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le representen.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la determinación de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar corresponderá a la Administración competente, a propuesta de los servicios sociales».
Catorce. Se modifican la rúbrica y el apartado 1 del artículo 30, que quedan redactados de la siguiente manera:
«Artículo 30. Revisión del grado de dependencia y de la prestación reconocida.
1. El grado de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones públicas competentes, por alguna de las siguientes causas:
a) Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.
b) Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.»
Quince. Se modifica el apartado 3 del artículo 38, que queda redactado en los siguientes términos:
«3. A través de dicha red de comunicaciones se intercambiará información sobre las infraestructuras del sistema, la situación, grado de dependencia y prestación reconocida a los beneficiarios, así como cualquier otra derivada de las necesidades de información en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.»
Dieciséis. Se modifica la disposición adicional novena, que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional novena. Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes de gran invalidez y de necesidad de ayuda de tercera persona.
Quienes tengan reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona según el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, tendrán reconocido el requisito de encontrarse en situación de dependencia en el grado que se disponga en el desarrollo reglamentario de esta ley.»
Diecisiete. Se modifican los apartados 1 y 3 de la disposición final primera, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1. La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la presente ley se ejercitará progresivamente, de modo gradual, y se realizará de acuerdo con el siguiente calendario a partir del 1 de enero de 2007:
El primer año a quienes sean valorados en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 1 y 2.
En el segundo y tercer año a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 2.
En el tercer y cuarto año a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 1.
El quinto año, que finaliza el 31 de diciembre de 2011, a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, Nivel 2, y se les haya reconocido la concreta prestación.
A partir del 1 de julio de 2015 al resto de quienes fueron valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.
A partir del 1 de julio de 2015 a quienes hayan sido valorados en el Grado I, nivel 1, o sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada.»
«3. El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, salvo cuando se trate de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 que quedarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar, según proceda, desde las fechas indicadas anteriormente, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado empiece a percibir dicha prestación.

Disposición adicional séptima. Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, reconocidas y no percibidas.
1. Desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dejarán de producir efectos retroactivos para aquellas personas que a dicha fecha no hayan comenzado a percibir todavía las prestaciones económicas reconocidas a su favor, quienes conservarán, en todo caso, el derecho a percibir las cuantías que, en concepto de efectos retroactivos, hayan sido ya devengadas hasta dicho momento.
2. A partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, reconocidas a favor de las personas mencionadas en el apartado anterior quedarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar desde la fecha de la resolución de reconocimiento de la prestación o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado empiece a percibir dicha prestación.

Disposición adicional octava. Régimen de los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.
1. A partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, tendrá, para los cuidadores no profesionales, carácter voluntario y podrá ser suscrito entre el cuidador no profesional y la Tesorería General de la Seguridad Social.
2. Las cotizaciones a la Seguridad Social por el convenio especial indicado en el apartado anterior serán a cargo exclusivamente del suscriptor del mismo.
3. Estos convenios especiales surtirán efectos desde la fecha de la solicitud de suscripción del convenio especial.
Disposición adicional novena. Constitución del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley deberá constituirse el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia regulado en el artículo 8 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una vez constituido, aprobará sus normas de funcionamiento interno.
2. Queda suprimida la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.

Disposición adicional décima. Referencias a la denominación de determinados órganos.
1. Las referencias que en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se realizan al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a su titular, se entenderán realizadas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a su titular. Asimismo, las referencias al titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, se entenderán realizadas al titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
2. Las referencias contenidas en la legislación vigente al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales se entenderán realizadas al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Disposición transitoria octava. Grado y nivel de dependencia de los beneficiarios reconocidos con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, tengan reconocido un grado y nivel de dependencia no precisarán de un nuevo reconocimiento de su situación de dependencia a efectos de la clasificación por grados establecida en este real decreto-ley.
No obstante, en caso de revisión del grado y nivel de dependencia que tuvieran reconocido, la valoración resultante se adaptará a la nueva estructura de grados recogida en el artículo 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Disposición transitoria novena. Solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia pendientes de resolución a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
En el caso de aquellas personas que hayan presentado una solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley que se encuentre pendiente de resolución a esa fecha, el derecho de acceso a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, derivadas del reconocimiento de dicha situación estarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado empiece a percibir dicha prestación.

Disposición transitoria décima. Cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, de asistencia personal y de la prestación vinculada al servicio.
1. Hasta tanto se regule reglamentariamente, para los beneficiarios que a la entrada en vigor de este real decreto-ley tuvieran reconocido grado y nivel de dependencia, las prestaciones económicas se mantendrán en las cuantías máximas vigentes a dicha fecha, excepto para la prestación económica por cuidados en el entorno familiar que serán las siguientes:
Grado y nivel
Prestación económica por cuidados en el entorno familiar
Grado III, Gran Dependencia, Nivel 2
442,59 €
Grado II, Gran Dependencia, Nivel 1
354,43 €
Grado II, dependencia severa, Nivel 2
286,66 €
Grado II, dependencia severa, Nivel 1
255,77 €
Grado II, dependencia moderada, Nivel 2
153,00 €
2. Hasta tanto se regule reglamentariamente, a los solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley respecto de los que no exista resolución administrativa de reconocimiento de grado y/o de reconocimiento de prestaciones, así como a los nuevos solicitantes, les serán de aplicación las siguientes cuantías máximas:
Grado
Prestación económica vinculada al servicio
Prestación económica de asistencia personal
Prestación económica por cuidados en el entorno familiar
Grado III
715,07 €
715,07 €
387,64€
Grado II
426,12 €
426,12 €
268,79 €
Grado I
300,00 €
300,00 €
153,00 €
3. Estas cuantías tendrán efectividad a partir del día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Disposición transitoria undécima. Aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección.
1. Hasta tanto se regule reglamentariamente, las cuantías de la asignación a las comunidades autónomas del nivel mínimo de protección previsto en el artículo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para los beneficiarios que tengan resolución de grado y nivel de dependencia reconocido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, serán las siguientes:
Grado y nivel
Mínimo de protección
Grado III, Gran Dependencia, Nivel 2
231,28 €
Grado II, Gran Dependencia, Nivel 1
157,26 €
Grado II, dependencia severa, Nivel 2
89,38 €
Grado II, dependencia severa, Nivel 1
61,34 €
Grado II, dependencia moderada, Nivel 2
52,06 €
2. Hasta tanto se regule reglamentariamente, las cuantías de la asignación a las comunidades autónomas del nivel mínimo de protección previsto en el artículo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para los beneficiarios que no tengan resolución de reconocimiento de la situación de dependencia a la entrada en vigor de este real decreto-ley, serán las siguientes:
Grado
Mínimo de protección
Grado III Gran Dependencia
177,86 €
Grado II Dependencia Severa
82,84 €
Grado I Dependencia Moderada
44,33 €
3. Estas cuantías tendrán efectividad a partir del día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Disposición transitoria duodécima. Intensidad de protección de los servicios del catálogo.
1. Hasta tanto se desarrolle reglamentariamente, en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que no haya recaído resolución administrativa de reconocimiento de prestaciones así como en los procedimientos iniciados con posterioridad a dicha fecha, las intensidades de protección de los servicios establecidas para cada grado de dependencia serán las siguientes:
– Grado III. Gran dependencia: entre 46 y 70 horas mensuales.
– Grado II. Dependencia severa: entre 21 y 45 horas mensuales.
– Grado I. Dependencia moderada: máximo 20 horas mensuales.
2. En los procedimientos en los que haya recaído resolución de reconocimiento de prestaciones con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, las administraciones competentes podrán realizar las adaptaciones necesarias para adecuarlos a lo establecido en el párrafo anterior.

Disposición transitoria decimotercera. Convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia existentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
Los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia previstos en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, existentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se extinguirán el día 31 de agosto de 2012, salvo que el suscriptor solicite expresamente el mantenimiento del mismo con anterioridad al día 1 de noviembre de 2012, en cuyo caso se entenderá subsistente dicho convenio desde el día 1 de septiembre de 2012.
En este último caso, desde el día 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2012 la cotización a la Seguridad Social tendrá una reducción del 10% en el total de la cuota a abonar, siendo a cargo de la Administración General del Estado el 5% del total de la cuota y el 85% restante a cargo del cuidador no profesional.
A partir del día 1 de enero de 2013, el convenio especial será a cargo exclusivamente del cuidador no profesional.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Se modifica la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que quedará redactada como sigue:
«Disposición adicional sexta. Aplazamiento y periodificación del abono de los efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Las cuantías en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para los casos en que los mismos se hayan generado desde la fecha de la solicitud, podrán ser aplazadas y su abono periodificado en pagos anuales de igual cuantía, en un plazo máximo de ocho años desde la fecha de la resolución firme de reconocimiento expreso de la prestación, si así se acuerda por las administraciones competentes. El aplazamiento deberá ser notificado a la persona beneficiaria de la prestación y a la Administración General del Estado a los efectos de que por ésta se regularice su pago a la comunidad autónoma en lo que respecta al nivel mínimo.»

miércoles, 11 de julio de 2012

Hay personas por las que vale la pena seguir luchando



Las grandes guerras empezaron de pequeñas diferencias.
Las pequeñas diferencias nacen de no respetar a los demás
cuando no piensan lo mismo o no son como nosotros.
Muchos seres inocentes son víctimas de las diferentes que
originamos en nuestra sociedad y eso es nuestra responsabilidad.
Dedicado a todas esas personas que con su luz y ejemplo hacen 
que hasta el día más oscuro sea el más hermoso cielo en nuestra vida.

El ajuste más duro de la democracia

Estamos ante el recorte más duro e injusto de toda la democracia, que además se ha centrado en los colectivos más vulnerables, como parados, jubilados, dependientes, pymes y funcionarios. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha desgranado esta mañana en el Congreso un amplio paquete de medidas con severos recortes para funcionarios, parados y dependientes y subidas de impuestos para lograr un ajuste de 65.000 millones de euros en los próximos años, según ha explicado el presidente. Este abanico de medidas representa el mayor ajuste de la democracia y cambiarán radicalmente el escenario económico y administrativo del país en los próximos años. A ellas se suman los 27.000 millones que incluían los presupuestos y las medidas adoptadas por el Gobierno a finales de diciembre. También hay que considerar los más de 18.000 millones en disminución de gastos y subidas de ingresos puestos en marcha por las comunidades autónomas. El anterior Ejecutivo, liderado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, recortó 15.000 millones en dos años. Los ciudadanos no podemos seguir pagando la mala gestión de nuestra clase política y los banqueros.

martes, 10 de julio de 2012

El Gobierno aprobará los recortes sociales en Dependencia el próximo 13 de julio

El Gobierno aprobará los recortes en la Ley de Dependencia en el Consejo de Ministros del próximo 13 de julio, una vez que se debata su contenido el próximo martes con las Comunidades Autónomas, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La titular de este departamento, Ana Mato ha desgranado los puntos que contendrá el nuevo Real Decreto de reforma del sistema de la Dependencia, por cuya continuidad ha apostado contundentemente durante su intervención en el Campus FAES 2012.

La ministra, como siempre hace el PP, ha justificado sus recortes sobre la base de las deficientes previsiones del anterior Gobierno. Uno de los recortes más polémicos será respecto de la ayuda destinada a los cuidadores no profesionales, que podría verse reducida en más de un 15% y la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

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El Gobierno de Rajoy está preparando uno de los recortes más significativos al Estado del Bienestar y los principios constitucionales, puesto que la atención a las personas con discapacidad y mayores es un derecho reconocido en nuestra Carta Magna, cuyo cumplimiento en condiciones adecuadas corresponde al Estado. 

El Gobierno comienza a desgranar los futuros recortes a la dependencia

El Gobierno dejará de cotizar a la Seguridad Social por aquellas personas que cuidan de un familiar dependiente, en su mayoría mujeres. Desde hace algún tiempo se venía hablando de “revisar en profundidad” esta cuestión. Fuentes gubernamentales ya lo dan por hecho: se suspenden las cotizaciones “mientras se estudian otras alternativas”. La medida afectará —con datos actuales— a 178.300 personas, que completaban con estas aportaciones del Estado otros años cotizados para tener acceso a una futura pensión. 
http://cdn.20minutos.es/img2/recortes/2011/12/28/43280-406-304.jpg?v=20120509123834La segunda reforma que se da por hecha es la eliminación de los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia. A partir de ahora —la reforma se presentará en Consejo de Ministros previsiblemente la semana que viene— solo habrá grado 3, grado 2 y grado 1, siendo este último el de menor gravedad. El riesgo es que algunas Administraciones regionales empujen a valorar como grado dos al que antes hubiera sido grado tres en su nivel más leve.
Las otras medidas que se plantean son respecto de las ayudas destinadas tanto a los servicios como prestaciones económicas del dependiente (cuidador no profesional, etc...), donde el Gobierno planea meter la tijera y recortarlas, lo que finalmente repercutirá en detrimento de la calidad de los servicios y cuidados del dependiente.

viernes, 6 de julio de 2012

Reacciona frente a la crisis económica y de valores


Artículo de colaboración - (6 de julio de 2012)
 
Si tras la lectura de este artículo, todos y cada uno de nosotros hiciéramos una profunda y sincera reflexión, nos daríamos cuenta de que la sociedad del siglo XXI ha rota por completo con principios y valores que parecían intrínsecos a la condición humana y a una supuesta sociedad avanzada en la que vivíamos, triunfando un individualismo asfixiante que nos están conduciendo al abismo y del que somos directos responsables.

http://lh3.ggpht.com/_eEVo3Jc_X8k/TFccGzeMbzI/AAAAAAAAAQ4/sSIqtzJ5el4/_037%5B6%5D.jpgPoco o nada nos importan los problemas de quienes nos rodean, más allá de esa cínica actitud condescendiente con el que está sufriendo, la cual parece que da por cumplido nuestro cupo de compromiso y solidaridad de puro escaparate.

En estos días, nuestro país está agonizando ante la mirada impertérrita de toda una clase política que ha conseguido instaurar el discurso de las macrocifras frente a la tozuda realidad cotidiana de aquellos que están en el paro y no reciben ningún tipo de subsidio, de los que son desahuciados de sus viviendas por la gran banca o de los que ven recortados derechos sociales, educativos y sanitarios, que hasta ahora nos habían engañado diciendo que eran prioritarios y esenciales.

Nos han convencido, y la verdad es que en el caso español con bastante facilidad, de que los ciudadanos somos los responsables de esta crisis y que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, como si hubiéramos sido nosotros quienes diseñábamos los planes de macro infraestructuras inútiles; corruptela en todas las instancias de poder; así como derroche y prebendas para una clase dominante, banqueros y políticos incluidos, que tenía por bandera el despilfarro y exprimir lo público, que parecía que era gratis.

Sólo en el esperpento de esa España que hemos creado en las últimas décadas podría entenderse, que un alto cargo político tenga el cuajo de parar su coche oficial, con su seguridad personal y con su sueldo millonario, para recriminar a un trabajador que está protestando contra los recortes. Y no digo esto, porque tenga ningún tipo de simpatía por una clase sindical que vive de la subvención, sino simplemente, por el hecho de que es una muestra de que la sociedad civil está muerta y la clase política lo controla todo.

Si fuéramos capaces de unir nuestra preocupación y lanzar un grito apolítico contra lo que está pasando, a buen seguro los corroídos pilares sobre los que se asientan las instituciones democráticas de este país se tambalearían. Necesitamos reaccionar, y sobre todo, darnos cuenta de que cada vez son más los que están afectados por esta crisis, y dentro de muy poco, llegará también a la puerta de nuestra casa, si no lo ha hecho ya. 

El sector de la discapacidad se manifiesta en Valencia para denunciar que está "al borde del colapso" por los impagos

Nota de agencia (6 de julio de 2012) -
   Centenares de trabajadores y usuarios de los centros de atención a la discapacidad de la Comunitat se manifiestan este viernes en Valencia para denunciar que son un sector "invisible ante la administración", que se encuentra, además, "al borde del colapso por los impagos de la Generalitat".

   Los participantes en este acto se han concentrado sobre las 11.30 horas en la Plaza de San Agustín de Valencia, desde donde ha partido un itinerario que tiene previsto llegar hasta el Palau de la Generalitat pasando por las calles de San Vicente, Plaza de la Reina, Plaza de la Virgen y Plaza de Manises.

http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20120706131109_500.jpg   La protesta se desarrolla bajo el lema 'Dignidad y respeto para el sector de personas con discapacidad. Pago inmediato a todos los centros y servicios'. Otra pancartas que portan los manifestantes son 'No podemos más', 'Señor Ecclestone, usted ha cobrado. ¿Cómo lo hace' y 'No queremos caridad'.  

  Junto con CC.OO. y UGT, las entidades más activas en la manifestación y que representan al sector de la discapacidad en la Comunidad Valenciana, Fevalcee (Federación Valenciana de Centros Especiales de Empleo) y Trencadis (Federación de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana), han querido agradecer la participación de todos los centros, organizaciones, trabajadores, usuarios y familiares, que en palabras de uno de sus presidentes, Juan García Sentandreu (Fevalcee), ha afirmado que "el hecho de que más de 15.000 personas hayan tomado las calles de Valencia es un rotundo éxito que pone a la Administración valenciana ante las cuerdas y con un sector tan sensible a punto del cierre".
 
¡¡GRACIAS A TODOS!!

miércoles, 4 de julio de 2012

MANIFESTACIÓN 6 DE JULIO EN VALENCIA

MANIFESTACIÓN
    SECTOR DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDIENTES
 
VIERNES 6 DE JULIO A LAS 12:00 hrs. (11:30 hrs. PARA LA PREPARACIÓN)
          
SALIDA: PLAZA DE SAN AGUSTÍN, VALENCIA
DIGNIDAD Y RESPETO AL SECTOR DE ATENCIÖN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
POR EL PAGO INMEDIATO Y GARANTÍAS DE FUTURO.
 
El recorrido es: Plaza San Agustin, San Vicente, Plaza de la reina, Plaza de la Virgen, Caballeros y Plaza de Manises. Al acabar se leerá un Manifiesto.
 
Recordad que cada centro debe traer sus pancartas, carteles, "instrumentos musicales" y cualquier cosa que se considere pertinente para que se nos vea y oiga.
 
¡¡ACUDE!!

martes, 3 de julio de 2012

Discapacitados y cuidadores pasan la noche al raso en la Plaza de la Virgen de Valencia

La atención a los discapacitados no es un barco que compita en la Copa del América. Sus aguas son más bien turbulentas y el barco se hunde dejando a 6.000 usuarios en una situación deplorable y a sus más de 3.000 trabajadores al borde del naufragio, según denuncian más de un centenar de entidades dedicadas a la atención de los dispacitados de Valencia. Se trata de un acto preparatorio de la MANIFESTACIÓN RESPETO Y DIGNIDAD PARA LA DISCAPACIDAD que tendrá lugar el próximo 6 de julio en Valencia.