miércoles, 28 de diciembre de 2011

El pepino de la discapacidad y la dependencia

Artículo Opinión

Hace escasamente unos días se produjo en Bruselas una reunión al más alto nivel entre el presidente de la Comisión, del Parlamento y del Consejo de Europea, con el objetivo de analizar la situación actual de las personas con discapacidad y/o dependientes en la comunidad europea, señalando, entre otras cosas, la importancia que tienen estás políticas para el afianzamiento de los pilares de la Unión.

Bajando a la arena de la gestión diaria de lo público la situación es muy distinta, ya que las medidas que se están adoptando o se anuncian en estos ámbitos socialmente sensibles no parece que vayan justamente por ese camino, por lo menos en la Comunidad Valenciana. En la política del recorte en la que nos hemos instaurado en los últimos años, pero incluso antes de ella, la discapacidad y las necesarias ayudas a este sector, entendidas desde un amplio espectro, se han ido reduciendo o suprimiendo de forma alarmante, quedando acotadas a una suerte de privilegio que el gobierno nacional o autonómico de turno concede graciosamente, y más en especial durante estas fechas, donde bien se agradece una fotografía navideña junto a un niño con síndrome de down.

Hemos pasado de lo que era el ejercicio de un derecho fundamental y constitucional, como es la protección y promoción de las personas con discapacidad, recogido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, a la más pura mendicidad, donde este colectivo y sus familiares tienen que deambular de administración en administración buscando consuelo a su situación.

Se está instaurando en España, y en la Comunidad Valenciana con mayor énfasis, la idea de que las ayudas destinadas a la discapacidad y/o dependencia son plenamente disponibles por el Estado, y puede meter la tijera de los recortes, al margen de lo que establezcan las políticas europeas, y esto no es así. Todo lo que se destina a este sector, revierte en riqueza para el país, genera empleo, y sobre todo, y más importante, permite dar cumplimiento al mandato constitucional, porque recordemos que el gobierno tiene una obligación legal respecto de estas personas y sus familias, una obligación que no puede ser ninguneada o negociada en función de la coyuntura político-económica, porque como señaló en la citada reunión de Bruselas el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, la defensa de las personas con discapacidad “es una cuestión de civilización, de defender nuestro valores comunes. En Europa, la sociedad somos todos y una sociedad moderna debe reflejar a todos sus miembros”.

Igual que sucedió con la “crisis del pepino” y la posterior sanción que se anunció desde instancias europeas contra el gobierno español, por incumplir los plazos marcados para el pago de las ayudas destinadas a los agricultores, en el mismo sentido debería de reaccionarse contra los desmanes que los políticos, y a cuenta de la crisis, están teniendo en esta materia.

Pocos sabemos, que una parte considerable de las ayudas que se destinan a discapacidad vienen directamente desde Fondos Europeos, y por lo tanto, no es de recibo que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los centros y servicios de atención a personas con discapacidad lleven un retraso de más de un año en el cobro de sus ayudas. Por esta razón, e igual que sucedió con la “crisis del pepino” y las sanciones a España por mala gestión de las indemnizaciones europeas, deberían de articularse unos mecanismos adecuados de control de esos fondos y el destino que a los mismos se les da. Aquí no estamos hablando de bonos patrióticos ni cualquier otro invento del gobierno valenciano para conseguir financiación, se trata de gestionar unas ayudas que deben dirigirse de forma diligente y urgente para un concreto objetivo social, una necesidad que se sitúa muy por encima de la crisis, conformándose en un elemento esencial de la construcción europea y del propio espíritu e idiosincrasia de nuestra sociedad avanzada.

Si al final del camino, y cuando superemos la crisis, nos damos cuenta de que esto se ha conseguido tras tener que renunciar a los avances que habíamos obtenido en políticas sociales relacionadas con las personas con discapacidad o los dependientes, la sociedad en su conjunto y el Estado habrán fallado.


José Manuel Vidagany Peláez
Abogado
Miembro del SOJ Dependencia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Reunión de alto nivel sobre la discapacidad en la UE

Bruselas, 6 de diciembre de 2011: los dirigentes de las instituciones de la Unión Europea se reúnen hoy por primera vez con el Foro Europeo de la Discapacidad para tratar los problemas a que se enfrentan los 80 millones de europeos que se estima padecen alguna forma de discapacidad.
Los Presidentes José Manuel Barroso (Comisión Europea), Jerzy Buzek (Parlamento Europeo), Herman Van Rompuy (Consejo Europeo), así como la Vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE, se reunieron con representantes paneuropeos del colectivo de discapacitados.
A este respecto, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, declaró: «La Unión Europea debe estar atenta a la situación de las personas que padecen alguna forma de discapacidad. La estrategia europea en materia de discapacidad establece un programa ambicioso para los próximos 10 años. La UE mantiene su compromiso de dotar de autonomía a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos y participar de lleno en la sociedad y la economía».
El Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, manifestó: «Uno de cada seis europeos vive con algún tipo de discapacidad. Los esfuerzos para apoyar a los grupos vulnerables deben redoblarse en tiempos de crisis, ya que ellos son probablemente los primeros afectados. Europa debe garantizar que el impacto de las medidas de austeridad necesarias sea mínimo, especialmente para este grupo. Todos los obstáculos materiales e inmateriales para su plena participación en la sociedad deben eliminarse. La inclusión de las personas con discapacidad también debería constituir una contribución imprescindible a las necesidades del futuro próximo del mercado de trabajo europeo como consecuencia de la jubilación de millones de personas de la denominada generación del baby boom. La estrategia europea en materia de discapacidad constituye una valiosa aportación en este sentido. El Parlamento Europeo está firmemente comprometido con la salvaguardia de los derechos de las personas con discapacidad, tal como se refleja en su inclusión en toda la legislación pertinente y en el Estatuto de los funcionarios, así como en el propio Parlamento como lugar de trabajo».
El Presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, señaló: «Europa ha estado en la vanguardia de la campaña para promover la causa de las personas discapacitadas. Me gustaría subrayar la importancia de la inclusión. Las personas con discapacidad deben formar parte de la economía social de mercado de mañana. Incluso en la crisis económica, nuestros objetivos deberían seguir siendo la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en sentido real, de modo que la plena participación de las personas con discapacidad se convierta en una realidad. Es una cuestión de civilización, de defender nuestros valores comunes. En Europa, la sociedad somos todos y una sociedad moderna debe reflejar a todos sus miembros.»

Valencia obtiene la segunda peor nota en aplicación de la dependencia 2011

El País Vasco y Castilla y León son las dos primeras comunidades de España que han obtenido un sobresaliente en el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, que evalúa cada seis meses la aplicación de la ley desde hace cinco años. Ambas regiones han recibido un "diez sobre diez", la máxima puntuación en todos los parámetros de eficiencia elegidos por la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para medir la aplicación del sistema, tales como gestión, servicios, listas de espera, gastos por habitante o investigación, entre otros. Así lo ha anunciado el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, quien ha lamentado que se sigan "cronificando las puntuaciones paupérrimas" de Canarias, con un 0,05; Valencia, con un 2; Asturias que retrocede de 3 a 2,5; Ceuta y Melilla (3); Madrid (4) y Baleares (4,5) que "son las que suspenden".

Concentración en la Generalitat Valenciana por la discapacidad

El 28 de Octubre, FEVALCEE, FEAFESCV, COPAVA, UGT PV y CCOO PV, se han concentrado a las puertas del Palau de la Generalitat para manifestar su gran preocupación por el futuro del Sector de la Atención a las Personas con Discapacidad y con Enfermedad Mental, y exigir al gobierno de la Generalitat un calendario de prioridades que de solución definitiva a los problemas que venimos arrastrando de forma perenne.
http://www.copava.org/?p=546

El Consell acumula 40 sentencias por impagos de Dependencia

J. L. LLAGÜES VALENCIA El 30 de noviembre de 2006 el Congreso aprobó -por amplia mayoría- la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias de España. Ayer -cinco años y 17 días después- la plataforma que vela por el correcto desarrollo de la normativa en la Comunitat salió a la calle en la ciudad de Valencia para protestar por los impagos y retrasos protagonizados por el Consell.

Denuncian que Bienestar Social tardó dos años en aplicar el reglamento y que "cuando lo ha hecho lo ha hecho mal". Así lo atestiguan las aproximadamente 40 sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emitido en contra de la Generalitat por el "incorrecto" pago de las prestaciones. Los dictámenes pueden ser consultados en el centro de documentación judicial del TSJCV. S. C. M. -abogada de la plataforma- ha estudiado las resoluciones y explicó que "éstas son las que conocemos por ser públicas, pero seguro que hay muchos procedimientos en curso". En el sector se habla de 900 juicios pendientes.

Retroactividad
El quid de la cuestión recae en el hecho de que la Generalitat no ha aplicado la retroactividad a la hora de abonar las prestaciones. La letrada explicó que "la ley obliga a la administración a pagar desde el primer momento en el que se pide la ayuda y en la Comunitat han comenzado a retribuir desde la fecha de resolución de la prestación". Tomando como base los dos años de retraso denunciados por la plataforma y la cuantía de las ayudas -590 la mayor y 180 la menor-, las sentencias compiladas ya obligan a Bienestar Social a hacer frente a unas deudas que pueden superar los 10.000 euros.

Jaime Benavent -presidente de la entidad- comentó que "lo que ha hecho la Generalitat es utilizar la ley como pasarela para pagar otros capítulos relacionados con la atención social" y matizó que "la situación de los dependientes es mala, pero hay sectores -como la atención de los menores- que lo están pasando peor".
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/12/18/consell-acumula-40-sentencias-impagos-dependencia/865999.html