martes, 5 de julio de 2011

La Generalitat Valenciana pierde 17 millones para la Dependencia por su ´inadecuada´ gestión

La Comunitat Valenciana ha recibido en dos años --2010 y 2011-- alrededor de 17 millones de euros menos del Gobierno central para el desarrollo de la Ley de Dependencia por su "inadecuada" gestión para tramitar la normativa. Cada ejercicio se percibe menos dinero porque la conselleria gestiona "peor" o "con menos intensidad" los recursos.

Así lo ha indicado este viernes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, en una rueda de prensa, en la que ha aludido a una resolución publicada por el Ministerio de Igualdad el pasado 22 de junio que contiene los fondos repartidos entre las autonomías para aplicar la Ley de Dependencia.

Botella ha concretado que la autonomía valencia ha recibido en 2011 por parte del Gobierno un total de 20.721.873 euros para la aplicación de la ley, mientras que, atendiendo al criterio de población potencialmente dependiente, debería haber obtenido algo más de 30 millones. En 2010 también se recibieron 6.187.000 euros menos.

Así, en global, la Comunitat Valenciana percibió unos 17 millones de euros menos en dos años por parte del Gobierno. El motivo es, según ha puntualizado la delegada, la "inadecuada gestión" de la conselleria.

Al respecto, ha recordado que hay varios criterios para la distribución de fondos. El primero es el de la población, que inicialmente era el más importante, pero que ahora se ha enriquecido con otros indicadores que, en principio, deberían de beneficiar a la Comunitat, pero "no es así", ha lamentado.

En cuanto a la población, ha indicado que el peso de la población dependiente en la Comunitat supone un 11 por ciento de toda la población que se encuentra en estas circunstancias en España. Así, la autonomía debería tener un peso aproximado de este porcentaje en el reparto de fondos, pero "tampoco es así".

Y ha concretado esta afirmación en cifras. En primer lugar, en el indicador de dictámenes de grado y nivel de dependencia ejecutados por la Generalitat, como existe un bajo número de dictámenes de valoración, en lugar de percibir el 11 por ciento de los fondos, solo se reciben el ocho, lo que significa un 27,6 por ciento menos de lo que se debería.

En cuanto al indicador de programas individuales de atención en marcha, que se calcula a partir de las resoluciones de reconocimiento de prestación correspondientes a expedientes dictaminados, el peso es del 5,9 por ciento, por lo que la Comunitat recibe un 47 por ciento menos de lo que debería.

Respecto a las prestaciones de servicios reconocidas, el peso es de un seis por ciento, es decir, que la autonomía recibe un 43 por ciento menos de los fondos; y en cuanto a la formación de cuidadores no profesionales, se está en un 5,7 por ciento, lo que significa recibir un 52 por ciento menos de lo que se debería.

En base a estos datos, Botella ha matizado que la Comunitat absorbe como máximo un siete por ciento de todos los fondos que el Gobierno dispone para todas las autonomías, cuando su peso debería estar en torno al 11. Así, se "desaprovecha" la posibilidad de recibir más dinero.

SOLICITUDES Y BENEFICIARIOS

Por otro lado, Botella ha señalado que la Comunitat solo representa el 7,2 por ciento del total de solicitudes tramitadas para acogerse a la Ley de Dependencia. "No se tramitan todas las solicitudes porque los beneficiarios ven con gran desolación que no son corresondidos. Estamos entre los últimos de las 17 CCAA en cuanto a la tramitación del número de solicitudes", ha concretado.

Por otro lado, la autonomía es la penúltima en cuanto al número de personas beneficiarias de la normativa. "Son resultados realmente desalentadores de una comunidad que se supone moderna", ha comentado, por lo que ha pedido al nuevo conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré, que "se ponga pronto en este tema", le ha pedido.

Levante EMV - 24 de junio de 2011

lunes, 4 de julio de 2011

Las falsas verdades sobre la crisis económica

La sociedad española está profundamente influida por una serie de mensajes que han sido lanzados por los políticos, y canalizados a través de los medios de comunicación, con la única finalidad de crear artificialmente unos debates que poco o nada tienen que ver con la realidad de la crisis económica, pero que por el contrario, nos tienen muy distraídos a todos.

Como si de un dogma de fe se tratara, y así nos lo intentan injertar los políticos y sus voceros de tertulias televisivas, todos afirmamos con rotundidad que España tiene dos grandes problemas: la existencia de una Administración sobredimensionada y el gasto social. Axiomas ambos lanzados para distraer al espectador, quizás con el único objetivo de que no nos demos cuenta de la galopante corrupción que se ha instalado en la política y las instituciones, o el despilfarro que se ha realizado en los últimos años a base de privilegios, subvenciones inútiles u obras inservibles que no han generado riqueza en el país ni han servido para afianzar el Estado de bienestar.

Si tenemos una Administración sobredimensionada no es por culpa de los funcionarios de carrera, puesto que España posee la misma ratio de ciudadanos por funcionario que Alemania, es decir, del 18,2 habitantes por cada funcionario, mientras que países como Francia, Bélgica, Italia o Portugal está muy por encima. La auténtica razón de que el coste de personal de la Administración esté disparado es por tener un país con 17 instituciones duplicadas, hablo de la relación entre Estado y CC.AA., así como por todos los cargos políticos puestos a dedo a través de direcciones generales, personal de confianza o personal laboral con carné del partido político de turno.

Pero es más, si reducimos el personal contratado por la Administración es lógico entender que los servicios públicos que se prestan se verán mermados en detrimento del ciudadano, además de que esas personas engrosarán las listas de paro. Sólo piense por un momento si considera que España necesita recortar en profesores, médicos, enfermeros o jueces.

Por otro lado, desde que se aprobara el “Cheque Bebé” se ha producido un linchamiento de cualquier político social, trasladando a la sociedad el falso mensaje de que España despilfarraba en éste área. Dicho acoso se ha incrementado en los últimos años, con motivo de la crisis económica.

De nuevo, analizando los datos económicos comprobamos que España está a la cola en inversión social. Según la última referencia del Eurostat, el Estado destina el 20 por ciento del PIB a esta partida, muy por debajo de la media europea que se sitúa seis puntos por encima. Eso sí, somos quienes más dedicamos al gasto en el seguro de desempleo (paro) de nuestros países vecinos.

El despilfarro no tiene su raíz en una política de protección social, perfectamente diseñada, con la que además se pueda generar empleo. El problema de España es el clientelismo de ciertos colectivos, el despilfarro a la hora de conceder subvenciones para las más variadas tonterías y tener una clase política que no ha sabido encauzar el potencial económica y de creación de empleo que puede generarse con la acción social, como puede ser con la aplicación de la Ley de Dependencia.

Como señaló Winston Churchill “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”, y con esto debemos entender que los ciudadanos no podemos conformarnos con un análisis sesgado de la actualidad, tragándonos aquello que nos pretenden vender los políticos, pero además, la democracia, para que siga siendo efectiva, debe reorganizarse para controlar los desmanes de la política y nuestros Administradores.

viernes, 1 de julio de 2011

Valencia sigue suspendiendo en la aplicación de la Ley de Dependencia

Canarias, Valencia, Asturias, Madrid y Baleares no llegan al aprobado. Más de 300.000 personas aún no reciben la ayuda a la que tienen derecho. Cinco comunidades autónomas suspenden en su desarrollo de la Ley de Dependencia, Canarias, Valencia, Asturias, Madrid y Baleares, que no alcanzan el 5 sobre 10 (todas ellas estaban por debajo del aprobado en la anterior evaluación, pero Asturias tenía un notable hace dos años). En la línea del aprobado se sitúan Extremadura, Galicia y Murcia, mientras que sobresalen las dos Castillas, País Vasco, Aragón y La Rioja (siempre las primeras de la clase). El último informe semestral del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales constata algunos cambios preocupantes. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/comunidades/suspenden/examen/dependencia/elpepusoc/20110620elpepisoc_4/Tes