viernes, 17 de junio de 2011

RETROACTIVIDAD TIENES DERECHO A RECLAMAR

Al margen de los excesivos retrasos que se están produciendo por parte de la Administración a la hora de resolver los expedientes de calificación del grado de dependencia, así como poner a disposición de los beneficiarios los servicios o recursos económicos apropiados, en la Comunidad Valenciana la retroactividad del derecho del dependiente está provocando no pocos problemas.

De forma sistemática la Consellería de Bienestar Social deniega el reconocimiento del derecho al cobro de la ayuda económica con efecto retroactivo desde la presentación de la solicitud de dependiente, en el momento de notificar al interesado la Resolución del Programa Individual de Atención (PIA), una práctica que a pesar de haber sido sancionada por los Tribunales sigue produciéndose bajo peregrinos argumentos como que “la persona designada como cuidador no profesional no ha acreditado en el expediente que haya prestado los cuidados a la persona dependiente desde el día de presentación de la solicitud”, y que además, “tampoco consta que se haya inscrito en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente, ni siquiera que lo haya solicitado”.

Como ya hemos señalado, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado y desestimado los argumentos expuestos por la Administración, dando la razón a las personas dependientes o sus familiares en sus reclamaciones. Así, la Disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, determina que a las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, y se les reconozca un Grado III o un Grado II, les será de aplicación la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en la redacción vigente en el momento de presentación de la solicitud.

En ese sentido, la citada Disposición Final Primera de la Ley 39/2006 reconoce el efecto retroactivo de la ayuda desde el momento en que se presentó la solicitud, por cuanto debemos recordar, como ya ha señalado la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que la prestación está indefectiblemente unida a la atención del dependiente.


Con el nuevo Decreto 18/2011 se abre un escenario respecto de la retroactividad:
  1. Este Decreto sólo se aplicará a los expedientes de nueva tramitación desde la fecha de 2 de marzo de 2011 en que fue publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV). En el caso de expedientes iniciados con anterioridad, sólo les será de aplicación cuando el presente Decreto resulte más beneficioso para el interesado y según en la fase del procedimiento en la que se encuentre.
  2. Al establecerse un plazo máximo (6 meses) para resolver los nuevos expedientes administrativos, el derecho a solicitar el efecto retroactivo de la prestación económica sólo se generará desde el día siguiente a esos 6 meses, pero además con el problema añadido de que pasados ese tiempo marcado por el Decreto 18/2011 se entiende que el expediente es denegado por silencio administrativo negativo. En definitiva, supone una fórmula ideada por la Administración para eludir lo resuelto por los Tribunales y evitar el pago con efecto retroactivo de los nuevos expedientes.

RECURSO ADMINISTRATIVO PLAZO Y SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Los interesados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde la fecha de la notificación de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia y de la de aprobación del Programa Individual de Atención, ante el órgano que ha dictado la citada resolución o la Secretaría Autonómica con competencias en materia de dependencia.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución expresa será firme a todos los efectos, no así en el caso del

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.

SERVICIOS Y MEDIOS ECONÓMICOS A DISPOSICIÓN DEL DEPENDIENTE Y SUS FAMILIARES

La Ley de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha creado el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que constituye el cauce para la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas que intervienen y para la optimización de los recursos públicos y privados disponibles para la atención de las personas dependientes.

Serán usuarios del SAAD aquellas personas que resulten beneficiarias de la Ley de Dependencia, pudiendo así recibir:
  1. Directamente una serie de servicios, prestados a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, mediante centros y servicios públicos o privados concertados, los cuales serían los siguientes:
·         Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia
·         Servicio de Teleasistencia
·         Servicio de Ayuda a Domicilio
·         Servicio de Centro de Día y Noche
·         Servicio de Atención Residencial
  1. De no ser posible la atención mediante un servicio, se podrá recibir una prestación económica, de carácter periódico. Deberá estar vinculada a la adquisición de un servicio que se determine adecuado para las necesidades de la persona beneficiaria.
  2. Con carácter excepcional, se podrá recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, como pueden ser los familiares de la persona dependiente.

CALIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados:
a.      Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
b.      Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
c.      Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
Cada uno de los grados de dependencia establecidos en el apartado anterior se clasificarán en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requiere.


RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Una vez efectuada la valoración y recabados todos los informes necesarios, los órganos de valoración emitirán dictamen técnico que genere propuesta de resolución sobre el grado y nivel de dependencia, con especificación de los servicios o prestaciones que la persona pueda requerir.

El dictamen será elevado a la Dirección General con competencias en materia de dependencia, para emitir la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, con especificación de los servicios y prestaciones que la persona pueda requerir.

Cuando razones de interés público lo exigiesen, debidamente motivado, se podrá proceder a la valoración de forma prioritaria. Será el órgano de valoración el competente para apreciar dichas razones y proceder, en su caso, de ese modo.

La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de dependencia, dictará resolución expresa y por escrito sobre el reconocimiento de la situación de dependencia. En la misma se determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según su grado y nivel de dependencia. Dicha resolución se notificará al interesado y se comunicará, de manera simultánea, a los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia.

En base a la documentación aportada y del grado y nivel de dependencia reconocido, será elaborada la propuesta del Programa Individual de Atención (PIA).

A diferencia de lo que ocurría con anterioridad, donde existía una espacio de tiempo importante entre la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia y la notificación del Programa Individual de Atención, con la nueva regulación establecida en la Comunidad Valenciana por el Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia, el resultado de la propuesta PIA será notificado al interesado junto con la resolución del grado y nivel, concediéndole un plazo de quince días para que formule, en su caso, las alegaciones que estime pertinentes.

Uno de los grandes problemas que puede plantear el nuevo Decreto 18/2011, si la Administración continúa con una aplicación ineficiente de esta Ley, es lo relativo al plazo máximo de 6 meses establecido para la resolución de los expedientes administrativos, determinándose que en caso de silencio administrativo éste será desestimatorio de la solicitud.

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia se iniciará a instancia del interesado, de su representante legal o de su guardador de hecho. La solicitud se formulará en el modelo normalizado que ha sido aprobado por la Consellería de Bienestar Social. A las solicitudes deberá acompañarse los siguientes documentos:

a)      Ejemplar original de informe de salud, según modelo normalizado, a elaborar por la administración pública sanitaria.
b)      Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona interesada, solo en el caso de que el interesado no preste su consentimiento para que el órgano instructor consulte sus datos de identidad personal en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), mediante la suscripción del apartado correspondiente en el modelo de solicitud.
c)      Para los menores de edad, además de la fotocopia del libro de familia, se aportará fotocopia del Documento Nacional de Identidad del menor. Las personas que carezcan de la nacionalidad española aportarán documentación acreditativa de su condición de residente, en la que figure el Número de Identificación de Extranjeros.
d)      Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del representante legal o guardador de hecho, sólo en el caso de que no se preste el consentimiento para que el órgano instructor consulte sus datos de identidad personal en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) y, en su caso, resolución judicial de incapacitación y documento acreditativo de la representación.
e)      Certificado o volante de empadronamiento del solicitante que acredite dicho empadronamiento en un municipio de la Comunitat Valenciana al tiempo de la presentación de la solicitud, con indicación de la fecha de alta en dicho padrón y, en su caso, certificaciones de empadronamientos anteriores que acrediten la residencia en territorio español durante cinco años de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Cuando se presente la solicitud en nombre de una persona solicitante menor de cinco años, se presentará certificación o volante del empadronamiento de la persona que ejerza su guarda y custodia.
f)        Las personas solicitantes que tuvieran reconocida previamente la pensión de gran invalidez deberán presentar copia compulsada de la resolución de reconocimiento de la misma.
g)      Los solicitantes que dispongan de Certificado de Grado de Discapacidad donde tuvieran reconocido previamente el complemento de la necesidad de la asistencia de tercera persona, y soliciten el reconocimiento de la situación de dependencia conforme a los apartados 2 y 4 de la disposición adicional primera del Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, deberán presentar fotocopia del reconocimiento del grado de discapacidad o autorizar el acceso a dichos datos obrantes en la Conselleria de Bienestar Social. Si el certificado ha sido emitido por otra Comunidad Autónoma o por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), ha de aportarse la resolución original.
h)      Informe de entorno realizado por el Servicio Municipal de Atención a la Dependencia correspondiente al lugar del empadronamiento o, en su caso, de los servicios sociales que designe al efecto la Conselleria de Bienestar Social. En el caso de personas ingresadas en centros públicos o concertados, no será necesario dicho documento.
i)        Documento según el anexo II, en el que el interesado, representante legal o guardador de hecho manifiesta la preferencia por la prestación o servicio a recibir.
j)        En el caso de que el beneficiario opte por la prestación de cuidador no profesional deberá adjuntar copia del DNI, certificado de empadronamiento, compromiso de permanencia de seis meses y compromiso de formación, todo ello de la persona propuesta como cuidador, según el anexo III, a los efectos de su formal designación y cálculo de los efectos económicos retroactivos desde la fecha de la solicitud, en su caso.
k)      Cuando el beneficiario se encuentre recibiendo alguno de los servicios, debidamente acreditado por la Conselleria de Bienestar Social, recogidos en el catálogo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y opte o no por seguir recibiendo el mismo, podrá adjuntar un informe social de dicho servicio, el cual servirá de base para el informe de entorno del apartado f). Asímismo, deberá aportar copia del contrato y última factura que acredite estar recibiendo el servicio.
l)        En el caso de personas incapacitadas o presuntas incapaces que soliciten servicio residencial, deberá aportarse la resolución judicial de incapacitación o, en su caso, el auto de internamiento.
m)   Ficha de mantenimiento de terceros y autorización de acceso a datos de carácter personal, según los anexos IV y V.
n)      En el caso de que la persona beneficiaria opte por el servicio de teleasistencia deberá adjuntar el anexo VI, debidamente cumplimentado.

La solicitud, junto con la documentación anteriormente citada, se presentará en el Registro oficial de la Consellería de Bienestar Social o a través de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos.

Recibida en forma la solicitud, se notificará al interesado la fecha y hora en que haya de realizarse la valoración, que se llevará a cabo en el entorno habitual de la persona interesada.

ATENCIÓN DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES

La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el apoyo informal. Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres millones de mujeres, en la última década, al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan.
El propio texto constitucional, en sus artículos 49 y 50, se refiere a la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. Si en 1978 los elementos fundamentales de ese modelo de Estado del bienestar se centraban, para todo ciudadano, en la protección sanitaria y de la Seguridad Social, el desarrollo social de nuestro país desde entonces ha venido a situar a un nivel de importancia fundamental a los servicios sociales, desarrollados fundamentalmente por las Comunidades Autónomas, con colaboración especial del tercer sector, como cuarto pilar del sistema de bienestar, para la atención a las situaciones de dependencia.

DEPENDENCIA COMO REALIDAD Y EVOLUCIÓN

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea. En 2002, bajo la presidencia española, la Unión Europea decidió tres criterios que debían regir las políticas de dependencia de los Estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten.
En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 millones de personas en 1970 (un 9,7 % de la población total) a más de 6,6 millones en 2000 (16,6 %). A ello hay que añadir el fenómeno demográfico denominado envejecimiento del envejecimiento, es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años.
Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la población mayor que conlleva problemas de dependencia en las últimas etapas de la vida para un colectivo de personas cada vez más amplio. Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad.
A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral. Un 9% de la población española, según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, presenta alguna discapacidad o limitación que le ha causado, o puede llegar a causar, una dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía personal en igualdad de oportunidades.